{"id":1494,"date":"2024-01-10T22:13:00","date_gmt":"2024-01-11T01:13:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.jdf.cl\/?p=1494"},"modified":"2024-01-23T15:36:44","modified_gmt":"2024-01-23T18:36:44","slug":"jurisprudencia-corte-suprema","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/jdf.cl\/en\/jurisprudencia-corte-suprema\/","title":{"rendered":"Bolet\u00edn Medio Ambiente 1: Jurisprudencia Corte Suprema"},"content":{"rendered":"<ol>\n<li><strong>Malos olores<\/strong><strong>.<\/strong> El 2 de noviembre de 2023, la Corte Suprema (en causa Rol N\u00b0239510-2023) confirma la sentencia apelada dictada por la Corte de Apelaciones de Rancagua. El recurso de protecci\u00f3n fue presentado por don Alamiro Celis Donoso y otros en contra de Essbio S.A. como titular de la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas; Biodiversa S.A. como titular de la Planta de Tratamiento de Riles; (ambas ubicadas en el mismo predio y continuas a las propiedades de los recurrentes); el Ministerio del Medio Ambiente; y, la SMA. La acci\u00f3n se fundaba en los malos olores emanados de los proyectos, que afectaban su vida diaria, y, en definitiva, sus garant\u00edas fundamentales. En el fallo, la Corte de Apelaciones determina que los prop\u00f3sitos de la acci\u00f3n se encuentran cumplidos, ya que, por medio de las v\u00edas institucionales, las autoridades competentes han abordado progresivamente la materia objeto del recurso. Adem\u00e1s, los actores tampoco realizaron peticiones concretas a la Corte, m\u00e1s all\u00e1 de solicitar gen\u00e9ricamente que se adopten las medidas necesarias para el restablecimiento del derecho y la salud de los recurrentes, cuestiones que se han desarrollado por las respectivas autoridades.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"2\">\n<li><strong>Plazos reclamaciones judiciales contra actos administrativos:<\/strong> El 15 de noviembre de 2023, la Corte Suprema (en causa Rol N\u00b0243815-2023) revoca la sentencia de la Corte de Apelaciones de Talca, por la cual se declar\u00f3 inadmisible la reclamaci\u00f3n de ilegalidad contemplada en el art\u00edculo 19 de la Ley N\u00b018.410 (procedimiento ante la Superintendencia de Electricidad y Combustible), por extempor\u00e1nea. Con esto, la Corte Suprema confirma su postura de que, el computo de los plazos establecidos para reclamar judicialmente de actos administrativos (en este caso de la SEC), deben ser contabilizados seg\u00fan las reglas de la Ley N\u00b019.880 (Ley de Bases de los Procedimientos Administrativos).<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"3\">\n<li><strong>Humedal y EIA<\/strong>. El 20 de noviembre de 2023, la Corte Suprema (en causa Rol N\u00b011016-2022) acoge el recurso de casaci\u00f3n en la forma y en el fondo deducidos por la Municipalidad de Puc\u00f3n, la Uni\u00f3n Comunal de Junta de Vecinos, do\u00f1a Evelyn Silva Qui\u00f1ei\u00f1ir y otros, en contra de la sentencia dictada por el Tercer Tribunal Ambiental que rechaz\u00f3 la reclamaci\u00f3n deducida en contra de la Resoluci\u00f3n Exenta N\u00b036\/2020, dictada por la Comisi\u00f3n de Evaluaci\u00f3n Ambiental de la regi\u00f3n de La Araucan\u00eda, que rechaz\u00f3 la solicitud de invalidaci\u00f3n presentada contra la Resoluci\u00f3n Exenta N\u00b036\/2019, de la misma Comisi\u00f3n, que calific\u00f3 ambientalmente favorable la DIA del proyecto Hermoseamiento del Borde Lago Villarrica La Poza, cuyo titular es Inmobiliaria Lago Villarrica SpA. Los reclamantes alegan que el proyecto se ubica en un humedal que forma parte del Lago Villarrica, de alta fragilidad y que se encuentra bajo protecci\u00f3n oficial, por lo que el proyecto deb\u00eda ingresar a evaluaci\u00f3n ambiental a trav\u00e9s de un EIA, y no un DIA. En la sentencia, la Corte Suprema se\u00f1ala que los jueces del Tribunal Ambiental han infringido las m\u00e1ximas de la experiencia y los conocimientos cient\u00edficamente afianzados al no haber concluido que el Humedal La Poza es un humedal protegido. Asimismo, declara que al no reconocer la existencia del Humedal La Poza en el Lago Villarrica, y al no exigir la presentaci\u00f3n del proyecto por medio de un EIA, \u201c<em>se han infringido las reglas de apreciaci\u00f3n de la prueba conforme a las normas de la sana cr\u00edtica pues la prueba allegada al procedimiento de evaluaci\u00f3n y los reconocimientos de las partes daban cuenta clara de la existencia del humedal La Poza y de la afectaci\u00f3n al mismo.\u201d. <\/em>Por lo anterior, la Corte Suprema dicta una sentencia de reemplazo que deja sin efecto las resoluciones antes individualizadas y determina que el proyecto deber\u00e1 ingresar al SEIA mediante un EIA.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"4\">\n<li><strong>Caducidad de la RCA<\/strong>. El 29 de noviembre de 2023, la Corte Suprema (en causa Rol N\u00b0141535-2022) rechaza con costas los recursos de casaci\u00f3n en la forma y en el fondo interpuestos por Oceana Inc. en contra de la sentencia dictada por el Segundo Tribunal Ambiental que rechaz\u00f3 la reclamaci\u00f3n deducida por Oceana Inc. en contra de la Resoluci\u00f3n Exenta N\u00b01776\/2020 que tuvo por acreditado el inicio de la ejecuci\u00f3n del proyecto Puerto Cruz Grande, del titular Compa\u00f1\u00eda Minera del Pac\u00edfico S.A., calificado ambientalmente favorable por la RCA N\u00b010\/15. El proyecto, implicaba la construcci\u00f3n y operaci\u00f3n de un puerto apto para el acopio y embarque de graneles minerales en la comuna de La Higuera. Oceana Inc. solicit\u00f3 al Tribunal Ambiental dejar sin efecto el acto reclamado, y la declaraci\u00f3n de caducidad de la RCA del proyecto, por no haberse iniciado la ejecuci\u00f3n del proyecto dentro del plazo de 5 a\u00f1os. En la sentencia, la Corte Suprema se\u00f1ala que la caducidad de la RCA constituye una sanci\u00f3n para el titular que, por pasividad o negligencia, no inicia la ejecuci\u00f3n de las obras dentro del plazo de 5 a\u00f1os. As\u00ed, \u201c<em>el an\u00e1lisis sobre la concurrencia de los criterios de sistematicidad, ininterrupci\u00f3n y permanencia debe ser realizado considerando la posibilidad del interesado de instar por la concreci\u00f3n de las gestiones, actos o faenas aptas para concretar el proyecto, por cuanto s\u00f3lo de esta manera su inacci\u00f3n podr\u00e1 ser reprochada.\u201d. <\/em>En efecto, la Corte reafirma lo se\u00f1alado por el Segundo Tribunal Ambiental, en el sentido que los motivos que impidieron el inicio de ejecuci\u00f3n del proyecto, se trataban de actos y dilaciones en que incurri\u00f3 la Administraci\u00f3n, por lo que no eran atribuirles al titular del proyecto.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"5\">\n<li><strong>Non reformatio in peius<\/strong>. El 29 de noviembre de 2023, la Corte Suprema (en causa Rol N\u00b0133276-2023) acoge el recurso de casaci\u00f3n en el fondo interpuesto por Agrifrut Comercial Ltda. en contra de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago que rechaz\u00f3 el recurso de reclamaci\u00f3n deducido en contra de la Resoluci\u00f3n Exenta N\u00b0912\/2022 de la DGA, que resolvi\u00f3 el recurso de reconsideraci\u00f3n presentado por Agrifrut Comercial Ltda. en contra de la Resoluci\u00f3n N\u00b03592\/2021 de la DGA que fij\u00f3 el listado de derechos de aprovechamiento de aguas afecto al pago de patente a beneficio fiscal por no utilizaci\u00f3n de aguas. La Resoluci\u00f3n Exenta N\u00b0912\/2022 de la DGA acogi\u00f3 parcialmente la reconsideraci\u00f3n y modific\u00f3 la resoluci\u00f3n reclamada declarando afecto al pago de patente, un caudal originalmente exento, perjudicando a la reclamante. En la sentencia, la Corte Suprema se\u00f1ala que el art\u00edculo 41 de la Ley N\u00b019.880 consagra el principio <em>non reformatio in peius <\/em>en materia administrativa, constituyendo una garant\u00eda del debido proceso, en tanto asegura al administrado que el ejercicio de los medios de impugnaci\u00f3n previstos en la legislaci\u00f3n no agravar\u00e1, en caso alguno, su situaci\u00f3n previa. \u201c<em>As\u00ed, constituye una protecci\u00f3n sustantiva vinculada al acto administrativo, en tanto se proh\u00edbe que la Administraci\u00f3n lo modifique, perjudicando a su destinatario a prop\u00f3sito del ejercicio de recursos que el ordenamiento prev\u00e9, puesto que, en ese caso, el ejercicio de las facultades revisoras queda circunscrita a lo que fue esgrimido por el recurrente<\/em>.\u201d.<\/li>\n<\/ol>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Malos olores. 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